El programa anunciado por el gobierno estadounidense es una gran victoria, dice la abogada Ann Garcia, sin embargo, todavía hay pendientes otras medidas de protección para las personas migrantes. El 17% de la fuerza laboral en la Unión Americana es extranjera, según cifras oficiales.

Atendiendo esto, el DHS anunció que las personas migrantes e inmigrantes víctimas de algún tipo de violación, o testigos de ella, podrán permanecer dos años en Estados Unidos con un permiso para laborar si dan aviso a las agencias gubernamentales.

La nueva política fue publicada hace unos días y señala que las trabajadoras y los trabajadores migrantes podrán “acceder a un proceso simplificado y acelerado de solicitud de acción diferida”. Este tipo de medida implica la protección para evitar la deportación. Quienes demuestren “una necesidad económica para el empleo”, obtendrán un permiso para trabajar.

Esto “es una gran victoria”, señala a El Economista Ann Garcia, abogada de la agrupación Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG, por sus siglas en inglés), con sede en Washington. “Es el resultado de una organización increíble por parte de trabajadores, organizadores laborales y organizaciones de inmigración y derechos civiles”.

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